En los últimos años, el divorcio en Bolivia ha experimentado cambios significativos en su dinámica, reflejando transformaciones sociales y legales. Aunque no existen estadísticas oficiales exhaustivas sobre la tasa de divorcios en el país, estudios parciales y testimonios de abogados y notarios indican un aumento en las disoluciones matrimoniales, especialmente en áreas urbanas como La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.
Tradicionalmente, Bolivia ha sido un país con una cultura conservadora en cuanto al matrimonio, pero la modernización y el cambio en los roles de género han influido en un mayor número de separaciones. Según expertos, factores como la independencia económica de las mujeres, el aumento de conflictos intrafamiliares y la disminución del estigma social hacia el divorcio han contribuido a esta tendencia.
Además, la migración interna y las presiones económicas han afectado la estabilidad de muchas parejas. En ciudades grandes, donde el ritmo de vida es más acelerado, los divorcios parecen ser más frecuentes que en zonas rurales, donde aún persisten estructuras familiares más tradicionales.
Divorcios Notariales: Una Opción en Auge
Desde 2013, Bolivia permite el divorcio notarial, un mecanismo simplificado para disolver matrimonios sin necesidad de un largo proceso judicial. Este procedimiento solo aplica cuando ambas partes están de acuerdo y no hay disputas por bienes o custodia de hijos.
Los divorcios notariales han ganado popularidad por su rapidez y bajo costo, siendo una alternativa atractiva para parejas que desean terminar su relación sin burocracia. Sin embargo, algunos especialistas advierten que este método podría facilitar divorcios impulsivos, sin una reflexión profunda sobre las consecuencias emocionales y familiares.
Problemas y Desafíos
A pesar de las facilidades legales, persisten desafíos. Muchas mujeres, especialmente en sectores de bajos recursos, enfrentan dificultades para acceder a un divorcio justo debido a la falta de recursos económicos o al desconocimiento de sus derechos. Además, en casos de violencia intrafamiliar, el proceso judicial suele ser lento y desgastante.
Por otro lado, los hijos suelen ser los más afectados, ya que no siempre se garantiza una adecuada regulación de pensiones alimenticias o custodia compartida.